UNO DE ELLOS, EXPULSADO DEL PSOE
Hay casos en los que los usuarios 'black' no tiraron de tarjeta desde hace más de 10 años -como el de García Pontes y Del Río-. En ellos, la Fiscalía opta por la prescripción del delito
Afectados por las preferentes protestan ante la Audiencia Nacional por el uso de las tarjetas opacas de Caja Madrid. (EFE/Javier Lizón)
21.03.2015 – 19:04 H.
La Fiscalía Anticorrupción comienza a acotar las imputaciones en el asunto de las
tarjetas 'black' de Caja Madrid ante el tiempo transcurrido desde su uso en algunos de los casos. Los gastos, que suman más de 15 millones de euros, se produjeron hasta 2012 pero, sin embargo, alguno de sus usuarios no la utilizaron desde hace más de diez años. En esos supuestos, el Ministerio Público está apoyando su archivo por prescripción del delito de administración desleal y apropiación indebida.
Este es el caso del exconsejero propuesto por el PSOE, Joaquín García Pontes, y el propuesto por el PP, Ignacio del Río. Ambos gastaron de la tarjeta la misma cantidad: 21.000 euros, y fue al principio del Consejo, hace ya más de una década.
En sendos escritos a los que ha tenido acceso El Confidencial, el fiscal explica que en el caso de García Pontes, su última disposición conocida de la tarjeta fue el 31 de diciembre de 2003 y por tanto procede acordar el sobreseimiento provisional, tal y como el imputado había solicitado, “al haber transcurrido más de 10 años desde la última disposición”.
Este exconsejero fue expulsado por Pedro Sánchez junto a otros nueve militantes del PSOE que fueron titulares de las tarjetas opacas concedidas por Caja Madrid, entre los que también están Gonzalo Martín Pascual, Virgilio Zapatero o José María Arteta, a quienes se suman los otros seis militantes que previamente habían pedido su baja del partido de forma voluntaria tras corroborarse su vinculación al escándalo de la entidad. Tras conocerse el escándalo, Sánchez se comprometió a expulsar del partido a todos los militantes que hubieran hecho un uso indebido de las tarjetas y, además, dio órdenes al secretario de Organización, César Luena, de que los implicados devolvieran el dinero gastado.
Respecto de Ignacio del Río, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid con José María Álvarez del Manzano, su última disposición de la tarjeta fue el 3 de enero de 2004 y, por tanto, en su caso también han transcurrido los diez años límite que fija la ley de prescripción para este tipo de delitos. Del Rio también fue consejero delegado de Madrid 2012, la oficina que gestionaba la candidatura olímpica de la capital, hasta que a recién llegado Alberto Ruiz Gallardón a la Alcaldía presentó su dimisión.
Tras conocerse su imputación en las tarjetas 'black', el exconsejero explicó en una entrevista en la Cadena Ser que en su etapa recibió una tarjeta para gastos de representación con un límite de 600 euros mensuales que le entregó el propio presidente de la entidad, Miguel Blesa, y quien le indicó que era una tarjeta que no se podía utilizar para “comprar ropa o hacer retiradas en efectivo”, sino que debía estar destinada a gastos como comidas o viajes. Sin embargo,reconoció que no había ningún control sobre los gastos que hacían los consejeros “más allá del cargo de la propia tarjeta”. Es decir, que no rendían cuentas ante nadie, ni a nivel interno ni externo, del uso de la tarjeta de crédito.
Pendiente de la decisión de Andreu
Tras recibir el informe de Anticorrupción, el juez de la Audiencia Nacional que investiga este asunto, Fernando Andreu, deberá acordar que hace con estos dos consejeros, así como con Elena Gil, respecto de la cual el fiscal ya informó también hace unas semanas a favor de su sobreseimiento por las mismas razones. En su caso, esta exdirectiva se había gastado 72.000 euros en joyas y tiendas de lujo, entre otros conceptos.
Está pendiente que 21 de los consejeros que utilizaron las tarjetas opacas paguen los 4,3 millones de euros fijados por el instructor en concepto de responsabilidad civil
Por ahora, está pendiente que 21 de los consejeros que utilizaron las tarjetas opacas paguen los
4,3 millones de euros fijados por el instructor en concepto de responsabilidad civil para hacer frente al pago en caso de ser finalmente condenados por la Audiencia Nacional. Por ahora, Andreu no ha decidido si para los exdirectivos que han declarado en calidad de imputados se les va a fijar también fianzas. En su caso, y al contrario de los consejeros, el fiscal no pidió fianzas para ellos al estar en
contra de su imputación.
Para el Ministerio Público, los directivos no pueden ser perseguidos penalmente porque ellos no eran responsables de la política retributiva de la caja, al contrario que los consejeros y que los máximos representantes de la entidad, como son sus presidentes, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, y el exdirector financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj.
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-03-21/anticorrupcion-a-favor-del-archivo-para-dos-exconsejeros-usuarios-de-las-tarjetas-black_732513/
