EL CASO DE LAS TARJETAS VIP DE CAJA MADRID
Rodrigo Rato, en 2012. (Reuters)
Rodrigo Rato, vicepresidente del Gobierno, ministro de Economía y director gerente del FMI. Miguel Blesa, inspector de Hacienda. Estanislao Rodríguez-Ponga, secretario de Estado de Hacienda y director general de Tributos. José Manuel Fernández Norniella, secretario de Estado de Comercio. Virgilio Zapatero, ministro de Relaciones con las Cortes. La cualificación de algunos de los beneficiarios de las tarjetas VIP de Caja Madrid y Bankia es tanta que resulta sorprendente que no supieran que debían declarar como ingresoslas cantidades dispuestas con estas tarjetas. Una alegación que han hecho algunos de los titulares y también el asesor independiente contratado por Bankia.
Los beneficiarios de este sistema que han hablado públicamente aseguran que a ellos les dieron las tarjetas desde la dirección financiera o la secretaría del consejo y les aseguraron que esta práctica -entregar tarjetas para uso personal sin necesidad de justificar los gastos- era legal y extendida en el sector. Por ello, no se preocuparon por declarar estas cantidades a Hacienda, ya que pensaban que la propia entidad los incluía en su declaración de Impuesto de Sociedades. Como explicaba ayer El Confidencial, estos consejeros y directivos aseguran de forma generalizada que
tenían la “seguridad moral” de que no estaba cometiendo ningún acto irregular y que se incluía en su remuneración, recogida en las cuentas anuales de la entidad.La idea de que se trataba de una trama para pagar sobresueldos se refuerza con que no tuvieran que justificar ningún gastoEl asesor de Bankia Herbert Smith Freehills se agarra a este argumento y señala que el hecho de que la tarjeta fuera entregada por la dirección financiera generaba una apariencia de legitimidad y que no se puede presuponer que existió dolo en su uso por parte de los titulares de la misma al estar respaldado por Caja Madrid y Bankia. Por tanto, concluye esta firma legal, "no se aprecia relevancia penal" en estas conductas, por lo que se opone a que se le dé traslado a la Fiscalía. Sin embargo, esta explicación chirría por los cuatro costados. Para empezar, si no había nada irregular, no se entiende por qué han devuelto las cantidades gastadas, algunos incluso antes de que estallara el escándalo: Rato, Norniella, Ildefonso Sánchez Barcoj y Matías Amatdevolvieron ya en julio el dinero correspondiente a la época de Bankia. Tampoco se entiende el reguero de dimisiones que se ha producido esta semana, si tan seguros están de que no es nada irregular ni delictivo. Asimismo, algunos de los titulares no hicieron uso de la tarjeta porque entendían precisamente que aquello era irregular.
Para seguir, la idea de que se trataba de una trama para pagar sobresueldos se refuerza con que no tuvieran que justificar ningún gasto, con que no se reflejaran en sus contratos laborales o mercantiles y con el propio nombre con el que se las conocía en la casa, 'tarjetas black'. Y ni Caja Madrid ni Bankia después registraban los cargos ni como remuneración del consejo o de la directiva ni como gastos de la empresa, sino en una cuenta de errores del servidor, lo cual refuerza esta impresión de opacidad y ocultamiento.
Estanislao Rodríguez-Ponga.(Efe)
¿Un secretario de Estado de Hacienda no sabe que tiene que declarar?
Pero el elemento definitivo es que la elevada cualificación de algunos de los perceptores, e incluso sus responsabilidades anteriores en la propia Hacienda, hacen increíble que no supieran que esta mecánica era cuanto menos irregular. En esto la palma se la lleva Rodríguez-Ponga, que fue nombrado director general de Tributos en el año 2000 cuando era ministro Cristóbal Montoro y Rato vicepresidente del Gobierno. Ascendió a secretario de Estado de Hacienda en 2001, puesto que ocupó hasta la derrota electoral del PP en 2004, cuando se le buscó acomodo en Caja Madrid.
A este respecto, el
informe del FROB que solicita el traslado del caso a la Fiscalía -y que considera que no hay diferencia entre la etapa de Blesa y la de Rato- es demoledor al desmontar esta tesis. En primer lugar, señala con cierta ironía que "no se precisa una especial cualificación para separar el patrimonio particular del patrimonio de la entidad y para advertir el carácter indebido de un uso de la tarjeta ajeno a la actividad del cargo". Y en segundo lugar recalca que, aunque fuera necesaria dicha cualificación, "estamos hablando de personas que conformaban equipos de dirección o de gobierno de Cajas o Bancos, conresponsabilidades y experiencia en puestos de diferente índole".
Dos opciones, y ninguna les salva
La conclusión del fondo público de rescate bancario es que "caben a priori dos posibilidades en la percepción mental de los receptores del medio de pago: que consideren que es una tarjeta de empresa, lo cual no legitima un uso particular de la misma; que consideren que es un concepto derivado de su relación laboral o mercantil, en cuyo caso debieron declarar y tributar por tal concepto sin que conste que lo hayan hecho".
Todos estos elementos desmontan la tesis del desconocimiento o de la confianza ciega en lo que les contaba la entidad. De ahí que tanto el FROB como Anticorrupción, en contra de la opinión del asesor de Bankia, consideren que existen indicios de delito. Habrá que ver cómo justifican este desconocimiento ante el juez los Ponga, Rato, Blesa, Norniella, Zapatero, etc.
http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-10-05/inspector-fiscal-director-del-fmi-secretario-de-estado-e-ignoraban-que-debian-declarar_225793/
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