viernes, 8 de noviembre de 2013

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha ordenado la detención de cinco exdirectivos de Caja Mediterráneo (CAM)

 El exdirector general de la CAM Roberto López Abad (Efe)
El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha ordenado la detención de cinco exdirectivos de Caja Mediterráneo (CAM) a los que el magistrado imputa la presunta comisión de irregularidades en la gestión de la caja alicantina que condujeron a su intervención por parte del Banco de España en julio de 2011. 

Entre ellos se encuentran el exdirector general de la caja Roberto López Abad, el exdirector de empresas Daniel Gil y el exdirector de la división internacional y negocio hotelero de la caja Cesar Veliz, que ya han sido detenidos, han confirmado fuentes jurídicas.

López Abad y Gil fueron imputados a raíz de una querella presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que también se dirigía contra los empresarios de Benidorm Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó. Según la querella, se utilizó la compraventa de tres hoteles y la adquisición de dos parcelas en República Dominicana y México como "pantalla" para una "transferencia de fondos no justificada" desde la CAM hacia Valfensal.

Además, López Abad está imputado en la pieza principal de CAM junto con la también ex directora general María Dolores Amorós, el expresidente Modesto Crespo y los exdirectores de recursos y planificación, Vicente Soriano yTeófilo Sogorb.

Gómez Bermúdez les impuso el pasado mes de junio una fianza solidaria de 35 millones de euros al considerar que todos ellos "al menos conocían o debían, pudieron y no quisieron conocer la situación patrimonial de la CAM". A pesar de ello y "en el mejor de los supuestos", no pusieron "objeción alguna a operaciones que iban a suponer un perjuicio patrimonial y un debilitamiento extremo de la entidad, provocando perjuicio a accionistas, acreedores y clientes".

La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y se sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del FROB. Los inspectores del Banco de España elaboraron un informe en el mes de enero en el que denunciaban graves deficiencias en la gestión de la caja, que iban desde pérdidas millonarias en inversiones inmobiliarias arriesgadas hasta el cobro de onerosas prejubilaciones tramitadas de manera irregular.

En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell, que se la adjudicó por un euro, comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros

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