viernes, 5 de abril de 2013

El juez Castro busca una posible evasión fiscal de la infanta Cristina en Suiza


La infanta Cristina, en una imagen de archivo | EFE

"Sin el aparente y consensuado refuerzo de la Casa Real", el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres no habrían podido obtener los fondos de las Administraciones Públicas que supuestamente desviaron a través del Instituto Nóos. Es lo que asegura en un auto dictado ayer el juez José Castro, instructor del caso, que ha ordenado la imputación de la infanta Cristina de Borbón (Siga aquí todas las reacciones) por "colaboración necesaria (...) o cuando menos complicidad" en las presuntas actividades delictivas llevadas a cabo por su marido.

El juez ha decidido atender además una petición de Manos Limpias, que está personado como acusación particular, para investigar si la infanta, al igual que Urdangarin, tiene también cuentas en Suiza.

El presidente del sindicato de funcionarios Manos Limpas, Miguel Bernard, que actúa como acusación particular, ha confirmado a elEconomista que se está analizando en este momento dos cosas: la primera si la hija del Rey y su marido se acogieron a la amnistía fiscal -el juez ha enviado ya un requerimiento a la Administración Tributaria- y la segunda "si Cristina de Borbón tiene o ha tenido cuentas en el país helvético". Las comisiones rogatorias enviadas por las autoridades suizas han demostrado ya que tanto el duque de Palma como su socio, Diego Torres, tenían cuentas en la ciudad de Lausanne a través de un testaferro, Robert Cockx.

Posible evasión fiscal

La infanta Cristina tendrá que declarar y dar explicaciones sobre una posible evasión fiscal el próximo 27 de abril. En el auto, el juez le avisa que deberá aclarar tanto su participación en la sociedad mercantil Aizoon, supuestamente usada para el desvío de dinero público, como "el manejo y destino de los fondos derivados" de las operaciones ejecutadas.

No lo va a tener nada fácil porque el magistrado le acusa directamente en el auto de haber permitido que su marido usase tanto su cargo como su parentesco familiar para "aparentar ante empresas privadas e instituciones públicas que todas las operaciones que Nóos abordaba eran conocidas y gozaban del respaldo de la Casa del Rey".

Aunque, según el juez, si bien no existen evidentes indicios racionales de que la infanta interviniera activa y decididamente en la gestión cotidiana de Nóos o de Aizoon, la sociedad que compartía al 50% con Urdangarin, "si que existen suficientes de que no precisaba hacerlo, pues bastaba con que prestara su consentimiento a que su parentesco con Su Majestad El Rey fuera utilizado por su marido y por Don Diego Torres, junto con el cargo que ostentaba Don Luis Carlos García Revenga", el secretario personal de las Infantas.
Irregularidades

Según el juez, Cristina de Borbón era plenamente consciente de que con ello lograba "propiciar un trato generoso por parte de empresas privadas y tan pródigo como privilegiado de las Administraciones Públicas que, en atención a ello, prescindían de los cauces y controles administrativos que eran de rigor, disfrutando junto a su marido de los beneficios obtenidos". No en vano, parte de los gastos familiares se pagaban a través de Aizoon y sus empleados del hogar estaban contratados por dicha empresa.

En esta misma línea, el juez apunta también que "difícilmente puede estructurarse que don Iñaki Urdangarin actuara de espaldas a su esposa" cuando la negociación o un "hito relevante" de la misma, en relación a los convenios de colaboración de los llamados Illes Balears Forum tuvo lugar en el palacio de Marivent, mientras que los del Valencia Summit se habrían celebrado en el Palacio de la Zarzuela.

Pero no sólo es eso. "A la misma conclusión puede llegarse cuando Urdangarin facilita como propia a una tercera persona (Corinna zu Sayn-Wittgenstein) la cuenta de ahorros en la que su esposa figura como autorizada para que en ella se actualicen determinadas operaciones", apunta el magistrado.

El juez asegura igualmente en el auto que "no se acaba de entender que Su Majestad el rey no comentara con su hija las críticas o recomendaciones que había hecho llegar o proyectaba hacer a su marido e incluso consensuara con ella su alcance".

Para el magistrado resulta evidente que, si hubiera sido así, la infanta debería haber llegado a la conclusión de que las advertencias de su padre no se estaban siguiendo, y se hubiera cuestionado la actitud de su marido.

Hasta tal punto utilizó la organización a la Casa Real que Carlos García Revenga corrigió su relación con la misma en los folletos de presentación de Nóos para eliminar la mención de "Secretario de Sus Altezas Reales las infantas", que era el cometido que le estaba en concreto asignado, por el de "Asesor de la Casa de Su Majestad el rey".

En la misma línea argumental, el juez muestra su sorpresa por el hecho de que García Revenga "cuando menos no participara a Doña Cristina de Borbón de que su esposo estaba obteniendo un trato privilegiado" en las negociaciones con empresas privadas y, sobre todo, con las Administraciones Públicas.

Javier Romera / África Semprún 

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